El otro día, navegando en la página de mi proveedor de servicios de internet (en este caso, internet más teléfono más televisión), me topé con un enlace que mostraba un documento pdf con las tarifas actuales. El caso es que llevaba bastante tiempo dándole vueltas a la cuestión de si me merecía la pena pagar una televisión que apenas veo, o si tal vez una disminución en la velocidad de acceso a internet supondría una significativa reducción significativa en el precio.
Así que consulto el susodicho documento con las tarifas y... ¡oh, sorpresa! Resulta que la compañía me está cobrando por el combinado (internet a 6 megas + teléfono + televisión extra) 66,50€ (IVA no incluido), pero según el mencionado libro de tarifas, deberían cobrarme 59,90€. Confundido por la discrepancia, decido llamar a la compañía (un número 902 9..., por supuesto) y, tras navegar por las diecisietemil opciones disponibles del sistema automático de voz, consigo que me atienda un operador. Le explico el asunto, y me dice que el precio que yo he visto es el de una promoción para los nuevos clientes. Le replico que el documento es el de las tarifas en vigor, y no existe ninguna referencia a promociones en él. Tras unos minutos de conversación surrealista durante los que el operador continúa hablando como si no hubiese nadie al otro lado de la línea, pierdo la paciencia y le digo que abra dicho documento para verlo él mismo. Entonces me dice que a él no le figura ese enlace al que me estoy refiriendo. Tengo que guiarle como a un niño pequeño página por página para que lo localice, y al encontrarlo y abrirlo, me dice: "manténgase a la espera".
Después de veintiocho "no se retire, estamos haciendo la consulta", me contesta que efectivamente, esa es la tarifa actual, pero que la mía era una tarifa anterior y, si quiero revisarla, he de pagar 20€, IVA aparte. Entonces me vuelvo a coger de nuevo un rebote de tres mil pares de narices, porque resulta que si la compañía sube las tarifas, me las repercute automáticamente, pero si las baja y no me entero, sigo pagando de más hasta que las ranas críen pelo. Y por si fuera poco, me dice que para beneficiarme de la reducción he de pagar los susodichos veintipico euros en concepto de "cambio de contrato" (aunque, curiosamente, los servicios contratados son exactamente los mismos). Ahí ya no puedo más y decido poner punto y final a la conversación. Entonces, horas después, ya más tranquilo, vuelvo a llamar al 902 y explico de nuevo todo el asunto. El operador que me atiende esta vez me vuelve a poner a la escucha otras tropecientas veces, pero al final me contesta con un lacónico "tome nota de su orden". Tras apuntarla, le pregunto que si este cambio tiene algún coste adicional y me contesta que no, ya que los servicios contratados son los mismos.
¿Entienden ustedes algo? ¿Cuántos miles de usuarios estarán ahora mismo pagando cada mes un sobreprecio por sus servicios sin saberlo? ¿Es de recibo que el número de atención al cliente de una compañía de telecomunicaciones sea un 902 9... (la tarificación más cara de los 902)? ¿Es concebible que un operador no sepa dónde encontrar el enlace a las tarifas de su propia compañía? ¿Puede una compañía cobrar una tasa en concepto de cambio de contrato para los mismos servicios contratados? ¿Cómo es posible que, según uno de los operadores, sea necesario pagar dicha tasa y según el otro no lo sea? ¿Cómo permite la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) modificaciones a la baja en las tarifas que no se repercuten a los abonados?
Preguntas y más preguntas... En fin, supongo ya que, a estas alturas, habrán imaginado el nombre de la compañía en cuestión ¿O NO?
5 comentarios:
Si no fuera por qué no sé qué es un latrocinio, firmaría yo mismo esta entrada. Tienes toda la razón del mundo, es una absoluta vergüenza lo de las compañías de telecomunicaciones. Pero la culpa es de quien lo permite. O sea el gobierno, Zp, la Xunta o la madre que les parió. Y no tiene una solución tan difícil. Sólo con obligarles a tener en cada provincia una oficina FÍSICA para reclamaciones y consultas (además del servicio de atención al cliente telefónico GRATUITO), ya habríamos dado un gran paso.
Pero me da que es una guerra perdida. Ahora, si yo en mi tienda me quedo sin hojas de reclamaciones, me fríen a multas. País.
¡Si yo te contara la de veces que he tenido que llamar al dichoso numerito para quejarme de la interrupción del servicio! Es genial: ellos te dejan sin servicio por avería suya y aún encima reciben dinero por las llamadas de los cabreados usuarios. Es el negocio perfecto.
Pero claro, a la CMT y los políticos esto les importa un bledo. Están más preocupados por dónde sitúan la sede que en para lo que pueda servir. Ya no hablamos del estratosférico coste que dicho traslado supuso a las arcas públicas, ni que se hiciese en contra del deseo de los trabajadores afectados o de la Comunidad de Madrid, ni que el Supremo considerara ilegal dicho traslado un año después de producirse. Lo importante era conseguir el apoyo político catalán para el gobierno de turno.
No te lo vas a creer, pero me ha llegado la factura de agosto, y... ¡oh, sorpresa! me han cobrado 19,90€ más en concepto de gastos de gestión administrativa. He solicitado la devolución de dicho importe y me han contestado que es un coste administrativo no reclamable. ¡Échale guindas al pavo!
Pues ya sabemos que operador era más competente. Era un poco cabroncete pero sabía más que el que te dijo que la revisión no tenía coste.
Yo de ti o les ponía una denuncia en consumo o les dejaba por imposibles. Aunque a ellos igual se la fuma una cosa que la otra.
Pues sí... ya he escrito a la Oficina Municipal del Consumidor y, en cuanto me proporcionen el nº de expediente de la reclamación, acudiré a la Oficina de atención al cliente de telecomunicaciones. Sospecho que no servirá de nada, así que ya estoy dando los primeros pasos para cambiarme de compañía.
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